En un giro inesperado, el Gobierno modificó su versión inicial sobre el controvertido ingreso de 10 valijas sin control aduanero desde Estados Unidos. Tras la polémica desatada por la falta de inspección, el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, ahora justificó la omisión con el argumento de que las valijas ya habían sido revisadas en origen, donde los controles serían supuestamente más rigurosos.

Este cambio de discurso surgió tras las denuncias sobre el vuelo privado perteneciente al empresario y ex agente de la SIDE, Leonardo Scatturice, conocido por sus vínculos con figuras influyentes tanto en Argentina como en Estados Unidos. En dicho vuelo también viajaba Laura Belén Arrieta, referente conservadora del CPAC.

Pazo defendió el accionar de la Aduana al insistir en que la revisión exhaustiva del 100% del equipaje no es obligatoria y queda a criterio selectivo del personal aduanero. Sin embargo, esta postura contrasta con la negación inicial del Gobierno y de la propia Aduana, quienes calificaron las denuncias como "fake news" y negaron cualquier irregularidad. 

De hecho, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había desmentido cualquier vínculo con Arrieta, a pesar de la evidencia fotográfica que la mostraba junto al presidente Javier Milei.

Una revisión local

La nueva explicación de Pazo introduce el concepto de "estándares internacionales" y sugiere que la procedencia del vuelo, desde Estados Unidos, exime de una revisión local debido a la supuesta rigurosidad de los controles en el país norteamericano. "Cuando un avión viene de Estados Unidos el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad de los Estados Unidos para abordar el avión en origen", afirmó el funcionario, diferenciándolo de vuelos provenientes de países considerados de "alta vigilancia".

El caso, que involucra a Laura Arrieta y las 10 valijas, se remonta al 26 de febrero y desató una investigación por posibles delitos aduaneros, que incluyen sospechas de contrabando y complicidad estatal. A pesar de las justificaciones actuales, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) encontró inconsistencias en los controles aplicados al vuelo, propiedad de Scatturice, lo que alimenta aún más las sospechas.

Pazo enfatizó que la Aduana fue quien inició una investigación interna y presentó una denuncia penal para buscar desvincularse de cualquier intento de ocultamiento. Sin embargo, el cambio de versión y las contradicciones entre los funcionarios del Gobierno no hacen más que intensificar el escrutinio público sobre este polémico episodio.